Eran las ocho de la mañana, el ambiente lucía movido y agitado.
Mujeres con niños en brazos corrían de un lado a otro, mientras
preguntaban: ¿Hay guardería hoy? ¡Sí, si hay!, repetía una voz al final
del pasillo
De pronto, los murmullos se opacaron con el estruendoso ruido de la
puerta, abierta por un joven uniformado. Las madres atravesaron el patio
de la mano de sus hijos, que aún soñolientos llevaban, en sus espaldas,
diminutas mochilas.
Tras encaminar a los pequeños a la “guardería”, atravesaron
nuevamente el patio y volvieron a sus celdas. Parte de la población del
Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Quito, está conformada
por 59 niños y niñas, hijos de madres privadas de la libertad.
Con los niños y niñas, de entre cero meses y 3 años de edad, se
desarrollan actividades que aportan a su crecimiento en el centro
infantil que funciona entre la administración y los pabellones del
Centro.
Según Gustavo Peñafiel, director nacional de Rehabilitación Social
del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, aún existen
establecimientos infantiles en dos centros de privación de libertad, uno
en Quito y otro en Guayaquil. “El nuevo Modelo de Gestión establece que
los hijos de las PPL salgan de los CRS y se integren a centros de
desarrollo infantil manejados por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), donde estarán a cargo de profesionales”, indicó
Peñafiel.
De acuerdo a este Modelo, los niños saldrán de los CRS en la mañana,
pasarán ocho horas en un centro de desarrollo infantil del Estado, y en
la tarde volverán a pernoctar con las madres. Esta disposición se
aplicará a menores de hasta 3 años de edad.
“A partir de esta edad (3 años), los niños saldrán a convivir con
familiares cercanos a las PPL, según el programa denominado Niños
Libres. El Estado aportará 100 dólares mensuales a los hogares que
acojan a los infantes, quienes serán responsables de brindar atención
integral, bajo un estricto seguimiento del Estado”, aseveró Peñafiel.
En caso de que no exista el familiar apropiado para el acogimiento,
se buscará hogares temporales, donde los menores vivirán mientras sus
madres culminan su internamiento, que serán supervisados por el Estado.
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