Quito (Pichincha).- El nuevo Código Penal será una herramienta
integral para combatir la inseguridad y proteger al ciudadano. En esta
norma, se tipificó nuevos delitos como el sicariato y el femicidio,
infracciones que afectan el día a día de los ciudadanos
El Código Penal Ecuatoriano estuvo vigente desde 1938 y en sus
páginas aún se encuentran sanciones contra delitos, como: la mendicidad
y la rotura de sellos postales. Pasaron 75 años y era necesario que
ese cuerpo legal responda a las necesidades del país.
Con este objetivo nació el nuevo Código Integral Penal. Este cuerpo
legal reúne en un solo documento todas las infracciones penales que
estaban dispersas en más de 20 leyes; reforma el procedimiento de los
juicios y actualiza las normas sobre la rehabilitación social de las
personas privadas de libertad.
En el Primer Libro, se encuentran la tipificación y nuevas sanciones
contra las infracciones penales. El eje principal de esta reforma es que
se proponen que el catálogo de delitos esté conforme a las necesidades
de la sociedad.
Por eso, el Presidente Rafael Correa sostuvo que este es uno de los
propósitos de apuntalar el cambio de las leyes penales, pues no solo se
trata de actualizar las leyes sino que también busca prevenir los
delitos con condenas más severas y ellas estarán encaminadas a frenar
las infracciones que más sufren los ecuatorianos.
El Gobierno ha catalogado a siete delitos como aquellos que más
afectan a la comunidad. Estos son el robo y hurto a personas,
homicidios y asesinatos, asaltos a locales comerciales, robo a vehículos
y delitos sexuales.
Ahora, el hurto será sancionado con 3 a 5 años prisión; mientras que
las leyes actuales establecen solo hasta los 3 años. Además, con la
ley que está en la Asamblea se dispone que el hurto puede ser castigado
con hasta cinco años cuando la víctima fuere de escasos recursos
económico o cuando lo sustraído fuere bastante para arruinar su
propiedad.
En el caso de los robos las penas también se incrementaron. La nueva
propuesta dice que hasta siete años de cárcel, mientras que actual
castiga hasta con los cinco años de reclusión. Asimismo, en el Código
Integral se explica que si la víctima sufre lesiones graves, la pena
será hasta 10 años.
Sobre los delitos contra la vida, la principal novedad es la
tipificación del delito del sicariato. Antes no existía esta figura
penal en el Ecuador, lo que causó un vacío legal para sancionar este
atroz delito. Por eso, se incluyó la reforma, la cual contempla penas de
hasta 30 años.
Los casos de violencia contra la mujer también tienen una sanción más
dura. Por primera ocasión en el país se sanciona femicidio, como un
acto de contra las mujeres. Además, existen penas más severas para los
delitos sexuales que pueden llegar hasta los 20 años.
A esto se debe sumar que se aplicará un aumento de sentencias para
delitos contra las personas de hasta 30 años de reclusión; pero existirá
la acumulación de penas que llegará hasta los 40 años.
Otra las ventajas del Código es la reducción del engorroso trámite
judicial, que provocaba que muchos delitos queden en la impunidad.
Ahora, las víctimas no deberán esperar varios años para que se termine
el juicio. El nuevo Código establece procedimientos expeditos para casos
de flagrancia, donde se puede llegar a una sentencia hasta en 24 horas,
en caso de que el responsable acepte su culpa.
La intención de la reforma también es coordinar esfuerzos con el
sistema judicial. El Consejo de la Judicatura puso en funcionamiento
las unidades de flagrancia, que son equipos técnicos donde trabajan
conjuntamente jueces, fiscales, defensores públicos, policías y otras
instituciones para reducir al máximo los tiempos de trámite de los
casos. Actualmente, existen oficinas en Quito y en Guayaquil, pero la
Judicatura tiene previsto inaugurar centros en todas las provincias.
De esta manera, el Gobierno apuesta por mejorar la seguridad
ciudadana. Este es un trabajo integral. La Policía ha sido modernizada y
equipada, existen nuevos sistemas de emergencia como el 911, pero es
indispensable que acciones tenga un respaldo legal para apuntalar la
seguridad de todos los ecuatorianos. CIT / El Ciudadano
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