JAÉN, Perú – Las
autoridades peruanas están trabajando para asegurarse que nadie tenga que vivir lo
que una menor de 16 años está experimentando en las afueras de Jaén.
La jovencita, cuyo nombre no es dado a conocer por razones de seguridad y que
viste tacos altos, top blanco y falda floreada, dijo que está siendo forzada a
prostituirse en el departamento de Cajamarca, a 1.037 km al nororiente de Lima, tras
haber sido abducida por traficantes de personas.
La menor no provee mayores detalles sobre quién la sustrajo de su casa en la
localidad de Pucallpa, agregando que gana unos 35 soles peruanos (US$10) por sus
servicios.
Dice tener temor de escapar pero espera un día reunirse con su madre, quien
trabaja en Lima como asesora del hogar. Su padre fue asesinado en la selva de un
balazo.
Niñas como la menor son explotadas sexualmente por mafias de tráfico de
personas en el país andino, según la fiscal del Ministerio Público del Gobierno
Provincial de Jaén, Teresa Soberón Paredes.
“Ellas son engañadas con atractivas ofertas laborales. Les dicen que las van
hacer estudiar, que van a trabajar como empleadas del hogar o anfitrionas. Poco a
poco son ingresadas en este mundo y creen que no tienen escapatoria”, dijo
Soberón.
Desde 2007 hasta agosto de 2013 se han denunciado 1.548 casos de trata de
personas, 84% de ellos menores de edad, según el Observatorio de la Criminalidad del
Ministerio Público.
En Jaén son muchos los negocios-fachada que estarían involucrados en este
delito, agregó. Varios de ellos han sido objeto de redadas, rescatándose en 2013 a
unas 50 víctimas. Por ejemplo, en junio de 2013 la policía de Jaén realizó el
“Operativo Impacto”, que consistió en una redada en el night club El Refugio de la
misma ciudad. Allí fueron rescatadas tres menores de edad y fue detenido el
administrador del local, Neiser Medina, por el presunto delito de trata de personas,
pero posteriormente quedó libre.
Además de Cajamarca, para la captación de víctimas el crimen organizado
utiliza la región selvática de Loreto, en el nororiente del país. Las mafias también
utilizan la zona central como Junín y Huánuco; la zona norte en Lambayeque y La
Libertad; y el sur en Arequipa y Cusco, según Alberto Arenas, director ejecutivo de
la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo).
Sin embargo, las mafias cambian esta dinámica interprovincial constantemente,
lo que dificulta el actuar de las autoridades, agregó Arenas, cuya ONG desarrolla
proyectos contra la trata de personas desde 2006.
“En Perú operan organizaciones de compleja estructura. Se reparten las
responsabilidades para efectuar esta actividad ilícita que tiene alta rentabilidad”,
dijo. “Un grupo capta, otro traslada y un tercer grupo instruye y explota a las
víctimas. Es una gran cadena de criminalidad esparcida en todo el territorio
peruano”.
Lima es donde llegan el mayor número de víctimas, según el Centro de
Atención y Orientación Legal y Psicológica (CALP) de CHS Alternativo. Pero
otro lugar que está concentrando víctimas es el departamento de Madre
de Dios,
donde los campamentos mineros se han convertido en un negocio muy rentable
para las mafias, según Arenas.
“En este departamento la trata está muy relacionada con la minería ilegal.
Allí hay un aproximado de 350.000 mineros y se estima que habrían 35.000 víctimas
solamente en esta zona”, agregó.
Arenas detalló que siete de cada 10 víctimas han sido captadas por ofertas de
trabajo informal.
“En este mundo desregulado las víctimas caen fácilmente. No hay ningún
contrato de por medio ni protección al empleado. En la mayoría de los casos se
enteran de las ofertas por afiches en la vía pública o avisos en las redes sociales,
[entre otros]. En el caso de las mujeres hay que recordar que no solo están sujetas
a la explotación sexual, sino laboral”, advirtió. “Muchas víctimas se asimilan a
este tipo de vida y es muy difícil que denuncien”.
Lucha contra la trata
En 2007 se promulgó la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
de Migrantes y en 2011 se aprobó el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de
Personas 2011-2016, que busca articular a todas las instancias del Estado para
enfrentar el delito a través de prevención, difusión, rescate y protección de
víctimas en el país.
Sin embargo, hasta la fecha aún no se han instalado centros o albergues
especializados en brindar ayuda a las víctimas, según la Defensoría del Pueblo.
“Los albergues que supuestamente servirían como refugio a nivel nacional
están olvidados. Es por ello que si [las víctimas se] logran fugar son perseguidas y
nuevamente captadas bajo amenazas”, dijo Arenas.
Otro avance son las 1.655 intervenciones hechas en 2013 a nivel nacional en
locales comerciales donde se captaba víctimas con ofertas de trabajo falsas, según
la Dra. Ana María Navarro, presidenta de Junta de Fiscales Superiores de
Lima.
“Hay operativos que se realizan con la Policía Nacional porque demanda un
arduo trabajo de inteligencia. Es un delito que entraña una organización muy bien
estructurada”, concluyó Navarro.
